Gobernadores piden a la SCJN no eliminar prisión preventiva oficiosa

El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a México y le ordenó retirar esta medida de su Constitución, luego de que dos hombres pasaron más de 17 años en la cárcel sin una sentencia.

México.- Bajo la figura ‘amicus curiae’ (amigos de la Corte), la Conferencia Nacional de Gobernadores enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que no se elimine la prisión preventiva oficiosa, al señalar que se pone en riesgo la seguridad del país.

Los 32 gobernadores de los Estados de México, la mayoría de Morena y sus aliados, así como también del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, enviaron el documento al alto tribunal, que prepara varios proyectos para modificar esta polémica figura.

Fue a finales de abril cuando los gobernadores presentaron el escrito en el buzón de la SCJN, donde piden se analice el grave impacto que tendría en la seguridad de México la modificación de la prisión preventiva oficiosa.

“Se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias”.

Asimismo, destacan que al eliminarla los tribunales federales sufrirían un colapso, pues tendrían que analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En México hay 68 mil personas bajo esta figura de prisión preventiva oficiosa, es decir representar solo un tercio de las 232 mil 600 personas encarceladas. La mayoría están en el Estado de México que registra 21 mil, después Jalisco con 8 mil 400, Veracruz con 4 mil 500 y en Michoacán con 3 mil 300.

La iniciativa de eliminar la prisión preventiva oficiosa surge luego de que el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a México y le ordenó retirarla de su Constitución.

Esto, al señalar que se vulneró los derechos de Daniel García y Reyes Alpízar, dos hombres que estuvieron 17 años y medio en prisión sin una sentencia.

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