Samuel García y su familia se amparan contra órdenes de aprehensión

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y varios miembros de su familia, incluyendo a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, han logrado obtener una suspensión provisional en contra de las acciones del juez primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León. Esta suspensión se aplica específicamente para prevenir la emisión de órdenes de arresto en su contra.

De acuerdo con el Incidente de Suspensión 2063/2023, proveído por Juan Fernando Alvarado López, juez séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, la suspensión provisional se otorga con el fin de que "cesen de inmediato los actos reclamados", entre ellos la posibilidad de la privación de la libertad e incluso la vida.

En su argumentación, el mandatario se declara víctima de persecución política con el fin de obstaculizar sus aspiraciones. El recurso legal protege no solo a García Sepúlveda, sino también a varios miembros de su familia, así como al esposo de una de sus hermanas.

La resolución señala:

"Procede conceder la suspensión de plano en los términos para los efectos precisados con relación a las autoridades responsables respecto del acto que a cada una se atribuye".

En el juicio de amparo se hace una relatoría de todos los enfrentamientos con los diputados del PRI y el PAN del Congreso del Estado, por la elección del fiscal General del Estado, los recursos retenidos a los municipios por considerarlo un desvío de recursos, la reforma a la Ley de Defensoría de Oficio, la afiliación panista del presidente del Tribunal de Justicia, el juicio político a Javier Velasco, secretario General de Gobierno, entre otros.

Además, se revela otra relatoría que menciona las 55 denuncias o juicios políticos presentados contra funcionarios públicos estatales.

El documento también detalla las supuestas amenazas contra García Sepúlveda y su esposa para que se desistan de sus acciones contra el PRI y el PAN, provenientes, según se menciona, principalmente de la Policía Ministerial. Estas amenazas incluyen advertencias sobre escalación de acciones y posibles consecuencias legales.

Este caso continúa siendo objeto de atención tanto en Nuevo León como en el ámbito nacional, y se espera que se desarrolle aún más en las próximas semanas a medida que avance el proceso legal.